Algo está pasando para que esta semana, y
de nuevo, se hayan visto togas por las calles de España, como si el centro de
Madrid fuese un estrado donde los abogados defienden una Justicia para todos. En
esas estamos en pleno siglo XXI, a pesar de ser el acceso a la Justicia un
derecho universal de todo ser humano y una garantía de que nadie por razones
económicas pueda quedar sin defensa jurídica. La abogacía vuelve a movilizarse
a favor de una Justicia gratuita de calidad y en contra del proyecto de Ley que
actualmente se tramita en el Congreso. Un texto que no incluye la gratuidad de
prestaciones básicas, como la asistencia letrada previa al proceso judicial en
todo caso, asistencia a los presos condenados, designación de abogados para la
acusación particular, intervención de mediador y de intérprete o traductor. El
Consejo general de la Abogacía española y los ochenta y tres Colegios de
Abogados de España, entre ellos el nuestro representado por el decano, Blas
Jesús Imbroda y tres miembros de la Junta de Gobierno, que se han concentrado
en Madrid, tienden la mano al Ministerio de Justicia para mejorar el actual
proyecto pero sin perder todo lo alcanzado en la vigente Ley de 1.996. Los
abogados de oficio realmente somos los que conocemos como es el día a día de
este servicio que prestamos a la sociedad y solo pedimos, desde el reconocimiento
a nuestra labor, que nos escuchen para que canalicemos lo que los ciudadanos
nos reclaman y afiancemos el Estado de Derecho. La Justicia gratuita,
reconocida constitucionalmente, se presta eficientemente por ciento nueve
abogados y abogadas en Melilla, veinticuatro horas al día, trescientos sesenta
y cinco días al año. Las cifras nacionales nos llevan a que somos más de cuarenta
y dos mil letrados los que estamos en el Turno de Oficio. La nueva Ley de
Asistencia Jurídica Gratuita debe facilitar la proximidad entre el abogado y el
beneficiario por eso pedimos el requisito que para acceder a prestar este
servicio el abogado tenga residencia y despacho abierto en el ámbito del
Colegio, y no como prevé el Proyecto de Ley. Además volvemos a pedir la
derogación de la Ley de Tasas Judiciales, por que vulneran el derecho
constitucional a la tutela judicial efectiva, además de su efecto disuasorio y
meramente recaudatorio. Los presupuestos de la Justicia deben de ser obtenidos
vía impuestos, pero nunca con la creación de otro, como el que se ha
establecido con las funestas Tasas Judiciales. No hemos conocido, como hasta
ahora, tanta unanimidad en todo el mundo judicial para reclamar mejoras en la
Justicia, por eso pedimos la retirada del actual proyecto de Ley y una
negociación rápida y abierta con los representantes de quienes intervienen
diariamente en la gestión y organización del Turno de Oficio y la Justicia
gratuita. Cerca de mil abogados y abogadas han acudido a Madrid, en una
protesta histórica, como una representación del resto de la profesión que
reclamamos que la Justicia sea igual para todos
Ángel Gil
