Lenguaje jurídico

Los barómetros del Servicio de atención al ciudadano del Consejo General del Poder Judicial nos muestran una queja debido a que consideran al lenguaje jurídico de oscuro resultando  incomprensible. Un análisis que ha sido completado con la opinión de estudiantes de las facultades de Derecho, de las Escuelas de Práctica Jurídica y la Escuela Judicial, los cuales expresan que los profesionales se expresan de forma inadecuada, y que además es difícil de comprender por sus connotaciones técnicas y por el escaso conocimiento del mismo que tienen los ciudadanos. Para ello se constituyo una Comisión de modernización del lenguaje jurídico que ha realizado sus recomendaciones hacia tres vías, la de los profesionales, las instituciones y asociadas. El hilo conductor es sin duda la claridad, hacerse comprender y la concisión. Igualmente se apuesta por un sistema de buenas prácticas evitando el uso de arcaísmos. El nuevo modelo universitario que impulsa el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), además de la tradicional adquisición de conocimientos, abre los planes de estudios al uso correcto del lenguaje jurídico formando parte de las habilidades y competencias que deben ser adquiridas con carácter primordial. Así se considera apropiado incorporar materias a los futuros juristas sobre el buen uso del lenguaje profesional que enseñen a construir discursos escritos y orales claros, adaptando su lenguaje al destinatario. Estamos, de nuevo, ante la necesaria formación continua  que todas las actividades requieren en materia de comunicación verbal, no verbal y escrita, para conseguir el éxito y que se cifra en hacerla de manera eficaz. Se va a avanzar en la creación de servicios de consulta, virtual o telefónica, atendidos por expertos, en los que los profesionales del derecho pueden resolver de forma directa sus dudas sobre el uso del lenguaje. La Comisión  antes citada, de la que forma parte, entre otros, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, propone otorgar con una periodicidad predeterminada, una distinción honorífica en reconocimiento de determinadas trayectorias profesionales, iniciativas y actuaciones, que destaquen por la claridad en el empleo del lenguaje jurídico, que llevan aparejada la Orden de la Cruz de San Raimundo de Peñafort, así como una distinción que otorgaría la Real Academia Española de la Lengua. De igual modo se recomienda a todas las instituciones que ofrezcan materiales de autoayuda legal, de actualización periódica que expliquen con un lenguaje claro los derechos, deberes, procedimientos y recursos jurídicos en el ámbito de sus competencias, siendo estos accesibles por internet. Se pretende que la nueva oficina judicial sea un elemento clave para acercar el lenguaje jurídico a la ciudadanía. En cuanto a los periodistas, fundamental mente tienen que formarse en cursos especializados, asumiendo un papel activo en la traducción y explicación del lenguaje empleado por los profesionales del derecho. Estamos ante una oportuna iniciativa que  acercará la Justicia, aún más, a la sociedad a la que sirve.

Ángel  Gil