Alarma por cierre aéreo

Las imágenes que podíamos ir viendo, en tiempo real, en las ediciones digitales de los diarios en la tarde del viernes eran lo suficientemente elocuentes del caos que estaban soportando miles de personas atrapadas en los aeropuertos nacionales. El artículo 19 de la Constitución reconoce a todos los españoles el derecho a la libre circulación por todo el territorio nacional. El espacio aéreo se tuvo que cerrar como consecuencia de la enfermedad imaginaria colectiva de los controladores. ¡Que casualidad que esta epidemia laboral se propagase el mismo día y a la misma hora en que se producía la hora punta de la salida por el puente!. Si tuvieron, en alguna ocasión, razones para sus demandas laborales, de un plumazo se las cargaron al chantajear contra unos indefensos viajeros que por tan diferentes razones decidieron irse unos días fuera de su residencia habitual. Estamos ante una huelga salvaje en un sector que requiere la responsabilidad por el servicio público que prestan. Las horas jugaban en contra no solo de la credibilidad de nuestro país ante el mundo sino por las desesperanzas de los que pretendían irse y se desvanecían sus ilusiones. Fueron cientos los que tuvieron que ser desalojados de sus aviones, durmiendo en las terminales ante el lavado de manos de todos para cortar esa situación y darles soluciones. Es por tanto normal que la crispación saltara o que se profirieran insultos contra los controladores al encontrarse en el mismo hotel donde unos empezaban a ser alojados mientras otros se atrincheraban para seguir manteniendo su pulso coactivo a toda una sociedad. Los fiscales estudian plantear prisión provisional para aquellos controladores que no sean capaces de justificar el abandono de su puesto de trabajo. La cronología de lo sucedido continuaba con un gabinete de crisis, con el ultimátum del Gobierno a los controladores para que se reincorporasen, y ante la negativa de estos, el Ejecutivo militariza los aeropuertos. Ante la situación de catástrofe pública existente, el Gobierno decreta a las doce de la mañana de ayer el Estado de Alarma que es refrendado por S.M el Rey desde la Embajada de España en Buenos Aires. El presidente del Gobierno no compareció ante los españoles para anunciarlo. Los controladores pasan a tener la consideración de personal militar quedando sometidos a las órdenes de estos y a las leyes penales y disciplinarias castrenses. En las primeras horas de la tarde los controladores comenzaron a incorporarse a sus trabajos. Estamos de nuevo asistiendo a otro episodio esperpéntico donde la coacción ha sido utilizada para doblegar a todos en aras de unas condiciones laborales demasiado bien saneadas. Por otra parte, los sufridos ciudadanos que tienen que presentar demandas judiciales, para lo cual, deben guardar los billetes de los vuelos no realizados, pedir facturas de los gastos que han realizado y no firmar ningún documento que suponga la renuncia a ejercer acciones para el resarcimiento de daños y perjuicios. La situación vivida en Melilla, por nuestro aislamiento geográfico, ha sido aún peor. Que nunca más se produzcan unos hechos que atentan contra nuestra libertad.

Ángel  Gil