Unidos frente a las Tasas

El malestar que se ha creado en la Justicia por la aprobación de la Ley de Tasas es significativamente notorio. Pocos temas, como este, han logrado el rechazo de una mayoría tan aplastante en la sociedad como la unanimidad del sector judicial (abogados, procuradores, jueces, fiscales, y secretarios) en su inconveniencia y que les ha hecho salir a las calles. Pero a estos sectores implicados no se les ha escuchado, de ahí arranca el fallo de la Ley 10/2012. El propio Consejo de Estado ha emitido un informe en el que recomienda una moderación en las Tasas sobre todo en la primera instancia. Sobran motivos para este posicionamiento y faltan razones para mantener una Ley tan injusta, a sabiendas del clamor popular y de los profesionales. Esta semana en el diario La Nueva España de Oviedo podíamos leer un titular que resume todo lo que estos días estamos viviendo, la Justicia quiere Justicia social. Las clases medias serán quienes sufran mas con estas Tasas, sin duda, porque acudir a los tribunales conllevara una exigencia económica que no todos los ciudadanos estarán en disposición de afrontar. Esta Ley supone un ataque directo a la tutela judicial efectiva que conforme a la Constitución debe dispensarse a cualquier ciudadano. Puede llegar el caso que desistamos en nuestras pretensiones de pedir justicia simplemente por falta de liquidez económica. Los españoles no podemos retroceder en unos derechos adquiridos que han costado conseguirse, ni tampoco podemos permitir que para solucionar los problemas de la justicia se impida o se pongan excesivas trabas en el acceso de hombres y mujeres a los tribunales. Blas Jesús Imbroda, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Melilla, manifestó en el transcurso de la concentración a las puertas de los Juzgados, siguiendo la convocatoria del Consejo General de la Abogacía Española y con el lema de No a las Tasas. Justicia para tod@s, que "la Justicia es un Derecho fundamental que no puede estar limitado por fines recaudatorios". Ahora las movilizaciones, que han tenido su punto culminante en la exitosa manifestación convocada por los abogados malagueños y en la próxima convocatoria de una huelga judicial, debe hacer reflexionar a Ruiz Gallardón en su error y retirar la Ley de Tasas. La abogacía española, en su Manifiesto, entre otras cosas propone: la firma de un Pacto de Estado para cuya redacción deberán ser oídos los colectivos profesionales de Justicia, potenciar la independencia de los jueces, Fiscalía autónoma, abogacía libre e independiente, acabar con la sobrecarga de trabajo en los Juzgados y Tribunales y con las extraordinarias dificultades para la conciliación de la vida profesional y familiar, dotaciones para el funcionamiento de la mediación como del arbitraje, mantenimiento del modelo de Justicia Gratuita, y retiradas inmediatas del borrador del anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Tasas, que consagra una Justicia para ricos y otra para pobres

Ángel  Gil